Martes, 12 de Diciembre de 2017
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Opinión

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Ensalzando a Julián Assange, la revelación de datos más escandalosa del siglo XXI fue calificada de "audaz desafío" por Fidel Castro. A la luz del Derecho Penal cubano, tal afirmación constituye, si no una curvatura que sienta precedentes procesales dada la omnipotencia del declarante, sí un macuto de cargos de conciencia a la hora de juzgar en Cuba en lo adelante.

Según escribió Castro el pasado 14 de diciembre en su artículo El imperio en el banquillo de los acusados, "Assange distribuyó un volumen importante de comunicaciones a cinco grandes transnacionales de la información".

A propósito, cabe preguntarse qué cargos enfrentaría Julian Assange de ser capturado en Cuba, no en delito flagrante de espionaje, sino sólo recolectando información de carácter económico, militar y de correo diplomático similar a la obtenida y publicada por WikiLeaks.

Imaginemos que, en la Isla, Julian Assange se hubiera agenciado los archivos del Consejo de Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores, las Fuerzas Armadas o el Ministerio del Interior. ¡Cuánta ropa para lavandería en exhibición!

Operaciones encubiertas, cotorreos de alto rango. Dado el carácter de las relaciones Cuba-URSS-EE UU durante casi tres décadas, que llevaron al mundo incluso al borde de una guerra nuclear, de haber incursionado en la Isla, Assange se hubiera hecho con un morral de historias quizás no tan abultado, pero sí tan sustancioso como el divulgado recientemente por WikiLeaks.

Atrapado y sin salida en esta Isla larga y estrecha —no sólo geográficamente, y si no que se le pregunte a Alan Gross—, como ruedas de molino colgarían sobre Assange en la Sala de Delitos Contra la Seguridad del Estado en La Habana un rosario de cargos previstos por el Código Penal.

Catalogo de infracciones para Assange

Por ejemplo, el Artículo 91: "El que, en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio, incurre en una sanción de privación de libertad de 10 a 20 años o muerte".

Artículo 92: "El que ejecute un hecho dirigido a promover la guerra o cualquier acto de agresión armada contra el Estado cubano, incurre en sanción de privación de libertad de 10 a 20 años de cárcel o muerte".

Artículo 94.1 c):  "Incurre en sanción de privación de libertad de 10 a 20 años o muerte" el que "suministre al enemigo planos, croquis, vistas o informes de campamentos, zonas, instalaciones o unidades militares, obras o medios de defensa, o cualquier otro documento o noticia que conduzca eficazmente al fin de hostilizar al Estado cubano o a favorecer el progreso de las armas enemigas".

Artículo 95.1: Revelación de secretos concernientes a la seguridad del Estado: "El que, fuera de lo previsto en el Artículo 97 (espionaje), revele secretos políticos, militares, económicos, científicos, técnicos o de cualquier otra naturaleza, concernientes a la seguridad del Estado", incurre en una sanción de 4 a 10 años de cárcel.

Artículo 95.2 b): Si el secreto es "conocido subrepticiamente o por cualquier otro medio ilegítimo", la sanción es de 8 a 15 años.

El catálogo de infracciones que esperaría a Julian Assange en Cuba es profuso. Ni el fiscal ni el tribunal se tomarían el trabajo de inculparlo por cada una de las cometidas, incoando el proceso por una sola e imponiéndole la sanción correspondiente a la más grave, con lo que no sería la libertad, sino la cabeza del australiano la que estaría sobre la balanza.

Por sólo citar dos ejemplos del manejo, interpretación y aplicación del Código Penal cubano: la muerte del general Arnaldo Ochoa Sánchez, el coronel Antonio de la Guardia Font y sus ayudantes, un proceso incoado por narcotráfico, fue configurante del delito de actos hostiles contra un Estado extranjero, por el que resultaron ejecutados. Las condenas de entre 14 y 28 años de prisión de 26 periodistas independientes durante la "primavera negra" de 2003 se debieron a procesos por actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado.

En ambos casos, el Estado extranjero tomado como objeto y sujeto del delito fue Estados Unidos. Durante la Causa 1 el tribunal lo tomó como víctima de los militares juzgados, mientras que en la "primavera negra" le dio el papel de empleador de los periodistas sancionados.

Preguntado un ex oficial por la manera de encarar el hecho y el acto jurídico que tienen las autoridades, respondió a este reportero con una analogía: "Claro que no lo haré por elementales principios éticos, pero me pregunto qué pasaría si a partir de ahora yo empezara a revelarle a DIARIO DE CUBA —a partir de mis conocimientos, no porque lo robara de ningún lugar—, las normas de procedimiento administrativo y operativo para el trabajo secreto, el reglamento para la atención a la agentura, los métodos y procedimientos para el interrogatorio, los registros analíticos de características de personalidad, los cotilleos de todo un quehacer clandestino del Ministerio del Interior que llegan también, por supuesto, al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿A dónde iríamos a parar usted y yo? ¿Cree que nos clasificarían como 'desafiantes' y 'audaces' o como vulgares delincuentes?".

Aunque dados los antecedentes, el resultado de cualquier valoración parece obvio, no es ocioso afirmar que a Julian Assange le iría mejor en cualquier tribunal del mundo que en uno cubano, donde Fidel Castro lo llamaría con toda probabilidad "agente del imperio" mientras el tribunal encargado de juzgarle, Código Penal en mano, con seguridad lo condenaría a muerte.

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