Domingo, 17 de Diciembre de 2017
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Política

¿Qué debe observar la Unión Europea en Cuba?

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El 25 de octubre de 2010, casi cuatro meses después de iniciada la excarcelación de prisioneros políticos en Cuba, el Consejo de la Unión Europea (UE) consideró insuficientes los pasos dados por La Habana y decidió mantener la Posición Común. En su lugar se le otorgó un mandato "de negociación" a la Comisión Europea para explorar, dentro del marco del "diálogo crítico", nuevas formas que estimulen a la contraparte cubana a profundizar el camino iniciado.

La Posición Común, adoptada en 1996 —cuando los países miembros de la UE tenían relaciones bilaterales con Cuba—, fue reafirmada en 2005. En ella se plantea que el objetivo de las relaciones con La Habana "es alentar un proceso de transición a una democracia pluralista y al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como una recuperación sostenible y la mejora de las condiciones de vida del pueblo cubano".

A pesar de la oposición del gobierno cubano a dicha medida, un conjunto de acontecimientos ocurridos entre febrero y julio de 2010 provocaron un giro que lo condujo al compromiso de liberar a todos los prisioneros políticos de la causa de los 75. Poco tiempo antes, el propio gobierno había reconocido la ineficiencia de la economía cubana, calificado la producción de alimentos como problema de seguridad nacional y anunciado una "actualización del modelo". La relación entre esos acontecimientos radica en que la reforma requiere de fuentes externas de financiamiento y el acceso a las mismas pasa por los reclamos de democratización de sus poseedores, entre ellos la UE.

El incumplimiento del plazo asumido por el Gobierno ante la Iglesia Católica para la liberación de los encarcelados en la primavera de 2003 demuestra que las autoridades cubanas siguen aferradas a su vocación totalitaria. En ese complejo contexto, la Comisión Europea tiene la misión de buscar alguna fórmula que permita completar las excarcelaciones y emprender nuevas medidas. La decisión final, sea cual sea, tendrá que considerar algunos aspectos que resultan cruciales para —desde la Posición Común o desde las relaciones bilaterales— coadyuvar a la democratización de Cuba.

El momento actual

—Tres características del momento actual: Una, el gobierno cubano es el mismo de 1959, por lo que, además de contraer intereses que está dispuesto a defender, es responsable de todo lo bueno y lo malo ocurrido en ese medio siglo. Dos, a pesar de ser casi el único dueño de los medios de producción y de la inexistencia de una sociedad civil autónoma refrendada jurídicamente, al ignorar el papel del tiempo en los cambios sociales perdió la oportunidad de emprender reformas limitadas a una esfera social específica, como la economía, y decidir el punto de inicio, la velocidad, la profundidad y la dirección de las mismas, lo que le hubiera permitido introducir cambios parciales sin oposición de intereses particulares. Tres, como resultado de la demora, unido al carácter estructural de la crisis y al descontento ciudadano, los cambios tienen que ser integrales.

—La ausencia de una verdadera voluntad política: El gobierno revolucionario, en su afán de imponer la propiedad estatal de forma absoluta, al eliminar la pequeña y la mediana propiedad que ofertaban producciones y servicios que el Estado nunca logró suplir, generó el desinterés de los productores, lo cual unido a la no correspondencia de los salarios con el costo de la vida, dio paso a la ineficiencia económica. Sin embargo, con un control totalitario, reforzado por la casi total ausencia de una sociedad civil independiente y por el respaldo de la Unión Soviética primero y de Venezuela después, logró conservar un sistema agotado, obsoleto e inviable durante décadas hasta desembocar en una profunda crisis estructural.

—Carácter limitado y contradictorio de las medidas en proceso de implementación: Al no realizarse cambios en la legislación vigente, las cárceles pueden ser rellenadas con nuevos prisioneros por las mismas causas que encerraron a los que ahora salen, a lo que se une la inexistencia de derechos humanos y libertades cívicas, que impide el resurgimiento de una sociedad civil autónoma. En suma, la mentalidad antidemocrática y totalitaria no ha variado. La reforma laboral, consecuencia de una errada política de "pleno empleo" que se impuso contra toda lógica económica, comenzó su aplicación después de aprobarse el pluriempleo y de aumentar el tiempo necesario para la jubilación; dos medidas que suponen la necesidad de mano de obra, cuando realmente sobra el 20% de la que está empleada. La ampliación del Trabajo por Cuenta Propia, que con pocas excepciones se limita a la legalización de actividades que funcionaban al margen de la ley, viene acompañada de altas tasas impositivas en un país donde no existe ninguna cultura fiscal. Además, que carece de un mercado mayorista, de préstamos bancarios y del elemental derecho de asociación independiente.

Transformaciones sin derechos

Tales medidas no podrán suplir la incapacidad productiva del Estado ya que se ignora la necesidad de las pequeñas y medianas empresas, la formación de un empresariado nacional y el pago de salarios en correspondencia con el costo de la vida. Pero lo peor de todo es que esas transformaciones se están aplicando a una sociedad desarmada de derechos, libertades e instituciones cívicas para su defensa.

Lo interesante del actual escenario consiste en que, a diferencia de épocas anteriores, la decisión de cambiar emergió de la necesidad del propio gobierno, en un contexto en que la comunidad internacional está atenta al estado de las libertades cívicas en Cuba y el descontento ciudadano crece de forma acelerada. Sin embargo, por las características contradictorias de la situación socio-política en Cuba, el proceso de cambios aunque zigzagueante, será irreversible. En ese sentido, tanto para los agentes externos como para los internos, el camino hacia la democracia dependerá del diálogo crítico, el cual debe erigirse en punto de partida, concepto esencial, principio rector y estrategia permanente.

Para que los cambios proyectados tengan un efecto positivo, además de completarse la liberación de los prisioneros políticos, tienen que ratificarse el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales —en vigencia desde 1976 en otras naciones y firmados por el gobierno cubano desde febrero de 2008—. Además, deben adecuarse las leyes internas a esos documentos. Por tanto, en la agenda de diálogo crítico con el gobierno cubano no puede faltar la exigencia de su ratificación.

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