Lunes, 11 de Diciembre de 2017
22:11 CET.
Reformas Económicas

Muchas interrogantes, pocas soluciones

El levantamiento de algunas restricciones al trabajo por cuenta propia tiene a muchos contentos, pero a otros no logra convencerlos. La discusiones abundan en las calles, y el Estado titubea a la hora de poner en vigor las nuevas regulaciones y acabar con las dudas.

Uno de los tema en debate está relacionado con los créditos bancarios. El diario Granma anunció que, en el Banco Central, se analizaba "cómo hacer viable" la posibilidad de otorgar éstos a quienes decidieran ejercer como cuentapropistas.

Los ansiosos ya lo dan por sentado y tiene sus proyectos hechos. Joaquín, un jubilado de 68 años, tiene previsto pedir un crédito de 5000 pesos para un taller de reparación de neumáticos y bicicletas. Los incrédulos como Sergio, alias El Puma, prefieren esperar. Al hombre, desocupado y de 51 años, le preocupan los intereses.

El Puma no quiere que le pase lo mismo que con los equipos electrodomésticos distribuidos durante la "revolución energética". No tiene forma de pagarlos al contado y considera los intereses bancarios muy altos para tratarse de una política social. De hecho, está en la lista de "deudores de la patria", que el Estado formó con los insolventes.

La inquietud de Marcos es otra. Este joven de 19 años, recién graduado de técnico medio, pregunta de dónde el gobierno sacará dinero para otorgar créditos, cuando todos saben que no tiene liquidez y la crisis económica lo obligó a amortizar plantillas laborales. "Me parece que nos quieren timar", afirma.

La mayoría opina que, a pesar del levantamiento de las restricciones, es imposible mantener una licencia sin utilizar recursos del mercado negro. El mercado legal continúa limitado y encarece las actividades, principalmente por los efectos de la doble moneda.

Las materias primas hay que obtenerlas en los centros comerciales minoristas, generalmente en divisa, cuando la mayoría de los cuentapropistas comercializan sus producciones y servicios en moneda nacional. Los que lo hacen en pesos convertibles se preguntan cómo asumirán los impuestos, principalmente en las temporadas bajas del turismo internacional.

Los tributos es otro de los temas polémicos. Con la nueva normativa aumentarán en número. Hasta el momento, los cuentapropistas pagaban impuestos por los ingresos personales y el derecho de inscripción en el Registro de Contribuyentes. A éstos se sumaron gravámenes por las ventas, seguridad social, utilización del servicio público y de la fuerza de trabajo.

La cuantía también crecerá. Según las normas pendiente de modificación, se dependía del importe total de los ingresos percibidos en un año, gravados progresivamente desde un 5 por ciento, si éstos no excedían los 3000 pesos en moneda nacional o los 2400 pesos convertibles, y hasta un 50 porciento si las entradas sobrepasan los 60.000 pesos en cualquiera de las monedas.

Manolo, un economista retirado, no entiende la política estatal, a pesar de ser miembro del Partido. "Si lo que quieren es la recuperación económica, lo lógico es que bajen los impuestos", afirma.

Para Josefa, una contadora estatal, es evidente que el Estado impide la formación de capitales privados entre cubanos. Cree que la subida de los impuestos es una forma muy burda de propiciar el fraude fiscal y la corrupción que genera el sistema de supervisión y control estatal.

Paquito, por su parte, no piensa ejercer de cuentapropista. Ya tiene experiencia con funcionarios estatales, que "piden su tajada por hacerse los de la vista gorda" a la hora de inspeccionar. Hace dos años tuvo que entregar la licencia porque no pudo aguantar el acoso de las autoridades, que lo extorsionaban casi a diario en su restaurante privado.

Sin embargo, para el Estado, la ilegalidad y el fraude fiscal no son un verdadero problema. Con aplicar el Decreto Ley 149 "sobre confiscación de bienes e ingresos mediante enriquecimiento indebido" y su legislación complementaria, es suficiente.

La norma regula un procedimiento administrativo de aplicación retroactiva, para confiscar el patrimonio de aquellos que participan en la especulación, negocios turbios, actividades de mercado negro, etc. A Teófilo Roberto López Licor, un jubilado de 66 años de edad, cuentapropista desde 1996, le fueron incautados sus ingresos en el período de 1998 al 2008.

Sin dudas, los trabajadores por cuenta propia han sido y serán unos de los sectores más acosados por los órganos estatales, dígase consejos de administración de los órganos locales del poder, las direcciones de Trabajo y Seguridad Social, de Finanzas y Precio, la Policía, los inspectores del transporte, y las direcciones municipales de la vivienda.

Casos como el de López Licor llenan de incógnitas a los que pretenden ejercer el trabajo por cuenta propia. En las nuevas circunstancias, se preguntan si el gobierno les permitirá sindicalizarse libremente como forma de proteger sus intereses individuales. Este tema no se ha tocado oficialmente. Aún quedan muchas interrogantes para tan pocas soluciones.

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