Sábado, 16 de Diciembre de 2017
14:14 CET.
Opinión

Actualización versus cambios integrales

A la actualización del modelo —eufemismo empleado para designar los cambios que se efectúan en la economía nacional—, le está ocurriendo lo mismo que al colonialismo hispano de fines del siglo XIX: se demoró tanto en otorgar la autonomía a la Isla, que cuando lo hizo, en 1898, ya la guerra de independencia estaba a punto de agotar hasta la última gota de sangre y hasta la última peseta, como exigía el testarudo lema del presidente Antonio Cánovas del Castillo.

Aunque el sustento ideológico declarado de nuestro totalitarismo es el marxismo, sus dirigentes ignoraron que el fundamento de la concepción materialista de la historia es la ley de correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, la que en la Contribución a la crítica de la economía política, Carlos Marx resume más o menos así:

“Las relaciones de producción corresponden a una fase determinada de desarrollo de las fuerzas productivas; esas relaciones forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinas formas de conciencia social. Al llegar a una fase determinada de desarrollo, las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones de producción, es decir, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. Desde ese momento, las relaciones de producción, como formas de desarrollo de las fuerzas productivas, se convierten en trabas suyas, abriendo así una época de revolución social”.

En absoluta inconsecuencia con su sustento ideológico, el gobierno sustituyó las tesis marxistas por un voluntarismo exacerbado, se acomodó en la subvención extrajera y, de forma paralela, evitó la formación de un empresariado nacional, eliminando empresas extranjeras y nacionales en un proceso cuyo colofón tuvo lugar con la Ofensiva Revolucionaria: en marzo de 1968, más de 50 mil establecimientos de producción y servicios fueron intervenidos. Pletórico por tal “triunfo”, el castrismo demoró las reformas necesarias para poner en correspondencia las relaciones de propiedad con las fuerzas productivas.

Y los resultados no se hicieron esperar; una economía deficiente, ausencia de disciplina laboral, desinterés de los trabajadores por el resultado productivo, moral amoldada a la sobrevivencia, desesperanza generalizada, descreimiento, apatía y éxodo masivo, lo que se reflejó en una larga cadena de fracasos, algunos tan estruendosos como la zafra azucarera de 1970. Quedó demostrado, así, la inviabilidad del “modelo” basado en la propiedad estatal absoluta. Si antes del desastre actual aún era factible realizar cambios limitados a la esfera productiva, después del daño causado —desde la economía hasta la espiritualidad de los cubanos— es imposible introducir reformas en la base material sin emprender simultáneamente (siguiendo la tesis de Marx) transformaciones en la superestructura jurídica y política.

Actualmente, cualquier medida gubernamental dirigida al aumento de la producción y la productividad, dictada desde la mentalidad totalitaria, está condenada al fracaso. Si la ampliación del trabajo por cuenta propia tiene como objetivo brindar empleo a una parte del millón y medio de trabajadores que serán desempleados, además de generar producciones y servicios que el Estado es incapaz de crear, entonces el listado de 178 actividades permitidas habría que anularlo y, en su lugar, definir solamente las pocas actividades no permitidas. De lo demás se ocupará la iniciativa ciudadana.

A lo anterior, para estimular el crecimiento del sector privado, en vez de tratar de evitar la formación de un empresariado nacional, habría que añadir una política de bajos impuestos fiscales, de créditos bancarios, de creación de un comercio mayorista, de implementación de los derechos de asociación y de acceso libre a la información, lo que implica el respeto a los derechos humanos. Sólo así se puede convertir al cubano en sujeto interesado por los cambios. Sin embargo, a pesar de las declaraciones acerca de “cambiar todo lo que sea necesario cambiar”, las ataduras ideológicas y la responsabilidad e intereses contraídos durante más de medio siglo actúan como impedimento para que el castrismo enfrente con la voluntad política necesaria los cambios estructurales que nuestra realidad exige.

Esa limitación no resta importancia al intento de actualizar el modelo, pues como quiera que sea, las medidas que se están implementando generan un escenario más prometedor que el inmovilismo predominante hasta ahora. 

En definitiva, el proceso de democratización tiene que pasar por las reformas, contexto en que las propias limitaciones de dichas medidas, a la vez que develan la ausencia de una verdadera voluntad de cambios, generan nuevas contradicciones, en un momento en que los cambios al interior y al exterior del país impiden, como ocurrió en ocasiones anteriores, dar marcha atrás.

De la actualización del modelo debe surgir, de un lado, un cuentapropismo que de lugar al renacimiento de las pequeñas y medianas empresas; de otro, una diversidad de formas de propiedad y de gestión que permitan la participación real de los trabajadores a través de las cooperativas de servicio, la autogestión y la propiedad privada, lo que a su vez implica la implementación de los derechos y libertades para la participación cívica de los ciudadanos.

Se trata de un proceso que, si bien el sujeto inicial lo que busca es la conservación del poder, la evolución de esos mismos cambios limitados podrían conducir a la verdadera democratización de Cuba. Se trata de un reto para los cubanos, especialmente para todos aquellos que consideran la nación por encima de ideologías y partidos políticos. El asunto no es oponerse a la actualización, sino convertirla en un paso hacia los cambios integrales y la democratización del país.

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