Domingo, 17 de Diciembre de 2017
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Opinión

Una condena al fracaso

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El plan del gobierno castrista para reforzar el funcionamiento de la economía, que se ha interpretado por algunos analistas como una “marcha atrás en la revolución” y un reconocimiento del fracaso del modelo (luego desmentido), por el propio Fidel Castro, no va a servir para resolver los problemas que afronta la economía de la Isla, sino que en algunos casos, los va a agravar y entorpecer en su solución.

El diario español El Mundo en su edición del 10 de septiembre, se hace eco de un documento con membrete oficial del único partido y sindicato que está autorizado a funcionar en la Isla, en el que se contiene, con cierto detalle, el sentido y la orientación del plan de reformas en materia económica.

A corto plazo, cabe suponer que aumentará rápidamente el desempleo, un fenómeno que la manipulación estadística ha ocultado históricamente de las cuentas nacionales; pero lo que es más grave aún, las ineficiencias productivas y escaseces que afronta la población, tampoco se van a ver corregidas.

La experiencia confirma que en materia de asuntos económicos, no se puede improvisar, ni mucho menos, actuar con cobardía. La visión estalinista de una economía privada sometida a los imperativos de un control burocrático, que parece ser la apuesta del raulismo castrista, no es una solución viable.

Porque una cosa es la gestión privada de la economía y la recuperación del mercado como mecanismo de asignación, pero otra bien distinta es la existencia de un marco previo, jurídicamente estable, de derechos de propiedad que fije la titularidad de los activos existentes en la economía, el mecanismo de acceso a los derechos reales y sucesorios, y las fórmulas de transmisión de la riqueza y la renta generadas con el proceso productivo. Y de eso, hasta ahora, no aparece nada en los documentos reseñados.

La libertad económica exige un espacio suficientemente amplio y estable para que los agentes puedan definir y tomar sus decisiones en términos de la mejor fuente de información que existe, que son los precios. Cualquier intervención en este proceso espontáneo que garantiza no sólo el máximo bienestar individual, sino que de forma simultánea, también la mejor situación colectiva en términos de renta y riqueza, lleva al más absoluto fracaso.

Unas ‘medidas’ condenadas al fracaso

Y parece ser que esta es la solución finalmente adoptada por el raulismo castrista. Más o menos, la dirigencia comunista cubana sigue sin confiar en la iniciativa privada, pero piensa que ante un escenario ciertamente lúgubre y pesimista, vale la pena dejar un poco de oxígeno para ver qué hacen las cooperativas, las pequeñas empresas hasta ahora ilegales, y alguna que otra iniciativa similar. Pero el control y el derecho de la propiedad se mantiene en manos del Estado, la definición de los mecanismos de asignación sigue dependiendo de decisiones políticas, y la obsesión con eliminar cualquier proceso de acumulación de capital y beneficios, criminalizando la actividad empresarial, frena y obstaculiza el proceso. Esa no es la solución.

Por eso, si empiezan la casa por la ventana, y al parecer ya está decidida la expulsión más o menos inmediata de 600.000 empleados estatales con una indemnización de un mes de sueldo, las cosas no pueden ir peor. Para empezar, los que saben cómo funciona una economía privada no se deben plantear la creación, así como el que llena un cubo de agua, de 250.000 pequeñas empresas a partir del otorgamiento de un mismo número de licencias. Nada garantiza que ese anuncio de concesión de licencias suponga la creación simultánea de empresas y la corrección inmediata de la elevada cifra de desempleo. Puede ocurrir todo lo contrario, y que la iniciativa empresarial no acepte las nuevas reglas del juego fijadas por los hermanos Castro. Yo jamás recomendaría a un cubano que con el marco actual de reformas pusiera en marcha una empresa, en tanto en cuanto no se aclaren algunas cuestiones fundamentales.

Para empezar hay que saber cómo se van a crear esas empresas, en qué sectores o actividades, qué márgenes de beneficio van a obtener, dónde se podrán aprovisionar de medios de producción y materias primas, cuál será la financiación, parece que se piensa autorizar la recepción de remesas del extranjero pero dudo de la efectividad a corto plazo de las mismas, sobre todo con su distribución por edades y destino a la atención de necesidades primarias, o también cómo se realizará la contratación de trabajadores y la fijación de salarios, cuestiones que, mucho me temo, el raulismo castrista no ha tenido mucho interés en analizar. En suma, para llevar la economía estalinista cubana hacia el sistema de economía de mercado, hay que hacer muchas cosas y creérselas realmente.

En resumen, la libertad económica exige derechos de propiedad para el ejercicio real de esa libertad, con autonomía de decisión y capacidad para asumir los riesgos, la obtención de beneficios, y, por qué no, la aceptación del fracaso. La esencia de la economía de mercado es esa, de los fracasos empresariales, de la mortandad de empresas en sus primeros años de existencia, aparecen los proyectos que luego se convierten en los líderes de sus sectores.

Las reformas del raulismo castrista son apaños de corto plazo, destinados a paliar la escasez de recursos de una economía que se resiste a dejar de ser estalinista en su modelo básico, a recaudar más impuestos a base de estrangular pequeñas iniciativas empresariales que pudieran aparecer, a mantener empresas estatales ineficaces que invaden con su escasa competencia mercados racionados en los que la población carece de surtido y variedad de bienes y servicios, a continuar con una dualidad monetaria bochornosa que convierte a Cuba en un caso enfermizo de descontrol monetario inducido por el Estado, en suma, a todo lo que no debe constituir la base de una economía de mercado moderna, eficiente y competitiva. Nada nuevo bajo el sol. Una vez más, pérdida de tiempo y de esfuerzo.

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